La reciente irrupción de la Criminología en los títulos de Grado de las universidades españolas está provocando unos interesantes movimientos a muy diferentes niveles. Si bien se trata de una disciplina sobre la que se viene trabajando desde hace ya décadas en nuestro país, sin duda su aprobación como título universitario equivalente al de Derecho, Psicología o Sociología supone un antes y un después para este ámbito del conocimiento.

Durante muchos años el estudio de cuestiones criminológicas ha existido en España gracias al empeño de un relativamente pequeño grupo de profesores universitarios y profesionales de diferente procedencia que, a costa de ser unos incomprendidos en sus respectivos centros de trabajo, apostaron por una materia que fuera de nuestras fronteras se encuentra totalmente consolidada en muchos países.

El interés científico y profesional en la Criminología no ha hecho sino crecer con los años y prueba de ello es, por ejemplo, el congreso que cada dos años organizan la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC) y la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE) de forma conjunta, que en 2016 ha celebrado su décimo primera edición.

No es este el lugar para describir con detalle las vicisitudes por las que se ha tenido que pasar en el mundo universitario hasta conseguir que el Grado en Criminología haya sido una realidad, baste decir que se ha invertido tiempo y esfuerzo considerables y que en muchos casos se ha pagado y se está pagando un alto precio profesional por ello.

Así las cosas, la novedad en los últimos años es que a todas aquellas personas que se especializaron en Criminología (ya sean académicos o profesionales) y luchan contra las dificultades en un ámbito novedoso y poco reconocido por diversas instituciones, se ha añadido un sector social nuevo: el graduado en Criminología que busca oportunidades laborales.

A medida que los nuevos criminólogos van terminando sus estudios, como era previsible, se comienza a ejercer una presión en el mercado de potenciales puestos de trabajo criminológico, en general un entorno poco flexible ya que en gran medida hablamos de la administración pública. Los esfuerzos por informar, concienciar, presionar e incluso exigir a nuestros mandatarios que den cabida a estos profesionales están siendo cada vez más intensos y requieren de constancia, dedicación y habilidad. Todas ellas cualidades que se reflejan en el trabajo que tengo el placer de prologar.

Se trata de una muestra patente de la forma en que un criminólogo, como científico social que es, debe abordar los problemas a los que se enfrenta. Manuel Fanega elabora un estudio científico de la figura del criminólogo y su potencial en la Administración Penitenciaria, y se arma para ello de argumentos sólidos basados en información objetiva relevante.

Su aproximación toma como referencia puntos de indudable solidez: la regulación pasada y actual de las diferentes figuras profesionales existentes en dicha Administración y conectadas con la Criminología, los programas de estudio que el criminólogo cursa en diferentes universidades españolas y un conocimiento detallado del entramado organizativo penitenciario, tanto de los servicios periféricos como de los centrales.

Una singularidad en este estudio es la capacidad del autor de llevar sus razonamientos hasta sus últimas consecuencias. No se contenta, pues, con problematizar el asunto, con poner de manifiesto incoherencias o con defender pretensiones irreales o idealistas. Más bien al contrario, haciendo un ejercicio de pragmatismo y coherencia realiza propuestas específicas de rediseño institucional de manera que dota a su análisis de una mayor capacidad para afectar a la realidad administrativa actual.

Como he defendido en otros lugares, tengo el convencimiento de que diversas instituciones españolas han de realizar ajustes organizativos para afrontar tareas relacionadas con la prevención y gestión del fenómeno delictivo. La obra que el lector tiene en sus manos (o en su pantalla) es una muestra más de cómo van surgiendo opiniones coincidentes en distintos ámbitos de la administración pública, abogando por adaptar tales tareas a la realidad de nuestro país.

Gracias a este libro, la Institución Penitenciaria ya no podrá escudarse en su desconocimiento a la hora de considerar las indudables ventajas que ofrece la incorporación de un experto en comportamiento delictivo e instituciones de control social entre su elenco de profesionales.

Esta Administración, sin duda un eje clave en nuestra política criminal y con una capacidad incuestionada de impacto en la vida de los ciudadanos que contactan con ella, debe vivir en el continuo replanteamiento de su función social y de sus mecanismos de funcionamiento. Sin desmerecer a otros profesionales, imprescindibles en dicha tarea, el criminólogo tiene un papel que jugar.

En defintiva, como bien se encarga de demostrar Manuel Fanega, no hay nada que perder y mucho que ganar incorporando a personas con una formación sólida y específica en relación con un fenómeno multifacético y de extrema complejidad como es el de la delincuencia.

En Málaga, a 7 de octubre de 2016.
José Becerra Muñoz.
Doctor en Derecho.
Profesor de Criminología y Derecho Penal de la Universidad de Málaga.